Ángeles Álvarez denuncia que el equipo de Gobierno impide conocer expedintes que permiten evaluar los servicios de atencion a las victimas de la violencia de género.

26/03/2008

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El asunto fue llevado a la Comisión  de Familia y asuntos Sociales, donde se solicito  información respecto a la atención social en un caso de  agresión sexista, que causo la muerte de una mujer el 21 de julio de 2007 en la ciudad de Madrid.  

Tras reiteradas solictudes por escrito  sobre los expediente que permitiesen conocer la actuación del Servio de Atencion a la Violencia Domestica (SAVD), el equipo de gobierno de Gallardón niega el acceso al expediente, basándose en el art. 28 de la Ley Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Tras saltarse los plazos estipulado por el Reglamento Orgánico del Pleno.

Angeles Alvarez, indico que „no hay ley que justifique su negativa“. Y recordo al equipo de gobierno que  que su calidad de concejala tiene derecho a tener información de todos los expedientes, así como,  la obligación de preservar la confidencialidad de la información que me sea facilitada para el desarrollo de mis funciones, segun estipila el artículo 21.2 del Reglamento Orgánico del Pleno.

Alvarez considera que esta es una practica habitual del equipo de gobierno de Gallardón  y un a estrategia que tratar de obstruir nuestra labor de control y fiscalización.

El derecho de los miembros de las Corporaciones Locales a la información necesaria para el desempeño de sus cargos es esencial para el funcionamiento democrático de éstas y con su negativa a facilitar dicha información, Gallardón vulnera un precepto constitucional qe queda reflejado en el art. 23.1 de la Constitución Española.

Alvarez tambien recordo  que segun la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, los concejales/as, tienen la condición de poder público y consecuentemente “el derecho a obtener del Alcalde, Presidente o Comisión de Gobierno de la Corporación cuanta información precisemos”. La Agencia de Protección ya se ha pronunciado suficientemente y deja muy claro que tenemos derecho a acceder a los datos (…) cuando sea necesario para el desarrollo de nuestras funciones de control de la Corporación, en los términos previstos en la Ley de Bases de Régimen Local.

Finalmente Alvarez indico que „hemos solicitado la documentación porque existio una mentira  previa del SAVD que nos avoca a la sospecha en un caso que resultó fatal para una mujer.

Finalmente Alvarez indico que “queremos servicios de atención a las víctimas de la violencia de género de los que podamos fiarnos. Supongo que el PP tenga el mismo deseo. Lo ideal por tanto sería compartir el objetivo de dar seguridad física y emocional a las mujeres víctima de la violencia.“

 

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