El PSOE denuncia el boicot del PP a la Ley de Dependencia

Madrid, 19 de febrero de 2008.- Pedro Zerolo, portavoz socialista del Área de Familia y Servicios Sociales en el Ayuntamiento de la capital, ha denunciado hoy que “los gobiernos autonómico y municipal de Madrid están utilizando sus competencias en la atención a las personas en situación de dependencia para hacer oposición al Gobierno de España”. Ambos, según Zerolo, “se han puesto de acuerdo para que ninguna persona en situación de dependencia reciba un servicio o una prestación económica hasta que pasen las elecciones generales: no quieren que ninguna persona dependiente ni nadie de su familia esté satisfecha, prefieren que se sientan defraudados.”

En el municipio de Madrid, 14 meses después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia el Ayuntamiento se ha despreocupado de informar a las personas en situación de dependencia sobre sus derechos y sobre las gestiones que han de realizar para ejercerlos. Como resultado de esa pasividad, de las 80.000 personas en situación de dependencia estimadas en la ciudad de Madrid, tan sólo han solicitado ser valoradas como tales 4.479 personas (el 5,6% del total); y de éstas, el Ayuntamiento únicamente ha enviado a la Comunidad de Madrid para iniciar el proceso de valoración y de determinación de necesidades los expedientes de 876 (el 1% de las personas dependientes de Madrid y el 19,5% de las solicitudes presentadas).

“Si tenemos en cuenta que el envío de estos expedientes no ha comenzado hasta mediados de enero, podemos asegurar que ninguna de estas personas ha sido evaluada por los equipos de valoración de la Comunidad, que la mayoría de los dossiers no habrán sido dictaminados hasta dentro de 6 meses (plazo que la Comunidad se ha dado para reconocer oficialmente la evaluación hecha por los profesionales), que no tendrán el preceptivo Plan Individual de Atención antes de 9 meses (plazo establecido por la Comunidad) y que sólo a partir de ese momento podrán conocer a qué tienen derecho”, calcula Zerolo.

“Esto significa “ha indicado el concejal socialista- que, a diferencia de otras Comunidades Autónomas y municipios de España, hoy por hoy ningún madrileño disfruta de los derechos que la Ley de Dependencia le reconoce, salvo que con anterioridad fuese usuario de los Servicios Sociales municipales o autonómicos, y que, desde luego, ninguno de ellos ha recibido prestación económica alguna”.

Zerolo ha subrayado que “una y otra vez he pedido al gobierno municipal que inste a la Comunidad a que haga sus deberes, informe más y mejor a la ciudadanía, aumente el número de trabajadores sociales para que puedan atender las demandas de las personas dependientes, se cree una Comisión No Permanente de Pleno para la puesta en marcha de la Ley y se constituya el Consejo Sectorial de Servicios Sociales y Dependencia: a todo me han dicho que no, que no es necesario, porque no tienen ningún interés en mejorar la situación.”

La Ley de Dependencia establece un nuevo derecho de ciudadanía para todos , independientemente del lugar en el que vivan. Para su aplicación, el Gobierno de España ha transferido al gobierno regional la nada despreciable cantidad de 51 millones de euros, como consecuencia de los tres convenios firmados por ambos (4,7 millones en 2005, 22,9 en 2006 y 23,4 en 2007), con el compromiso de la Comunidad de Madrid “que es la administración competente- de aportar otro tanto. A esas cantidades hay que sumar, en 2007, 250 euros mensuales por cada persona dependiente de Grado III nivel 2 dictaminada y 170 euros mensuales por cada persona dependiente de Grado III nivel 1 dictaminada.

Por todo ello, Zerolo ha concluido que “los números cantan y los hechos no mienten: Aguirre y Gallardón deben una explicación a los madrileños por el injustificado retraso en la aplicación de la Ley y los perjuicios que ellos está causándoles en el ejercicio de sus derechos”.