Más de 600 funcionarios obligados a firmar traslados sin conocer el destino ni el sueldo

Los madrileños pagan los polideportivos y luego se entrega la gestión a la empresa privada PSOE e IU creen que el Ayuntamiento dispone de 25.000 trabajadores y mejores recursos para garantizar los servicios La privatización significa pagar más tasas

Madrid, 10 de diciembre de 2007.-Más de 600 funcionarios municipales han tenido que firmar cartas donde se les comunica que serán trasladados de su puesto de trabajo sin conocer a dónde irán, con qué sueldo ni que funciones realizarán. La concejal socialista encargada de los asuntos de Personal, Noelia Martínez, ha denunciado la situación de constante acoso que Gallardón está sometiendo a los empleados municipales y que forma parte de la privatización encubierta de los servicios “.

El traslado de funcionarios coincide con la primera fase de una privatización de servicios públicos que afectará en primer lugar a las instalaciones deportivas y que después se extenderá a otras áreas. La fórmula, según los grupos de oposición, es bien sencilla: se construyen las instalaciones, se las dota de medios y luego se entregan a las empresas privadas para que las gestione. En consecuencia, se paga con dinero público la construcción y luego los madrileños deben seguir pagando a la empresa privada. Mientras tanto se dejan arrinconados y sin funciones a los empleados municipales que deberían realizar este trabajo.

PSOE e IU han expresado su apoyo a los sindicatos y a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en su lucha por el mantenimiento de la función pública que “Gallardón quiere desmantelar con las privatizaciones”.

Las órdenes de traslado cursadas afectan indiscriminadamente a ordenanzas, empleados en centros culturales, sociales, colegios e instalaciones deportivas. “Los sindicatos han recomendado que no firmen nada hasta conocer los datos concretos de su destino, horarios y sueldo, pero los empleados tienen miedo de sufrir las consecuencias”, afirma Martínez.

“El desprecio a los trabajadores municipales ha sido una constante desde la llegada de Gallardón al Ayuntamiento”, coinciden en afirmar el presidente del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Iglesias y el portavoz de IU, Ángel Pérez, que esta mañana han acudido a la Plaza de la Villa donde los representantes sindicales han entregado firmas en contra de las intenciones del alcalde de privatizar parte de los servicios públicos.

Rata privatizadora
Con esta iniciativa inician una campaña de concentraciones para expresar su rechazo a una política que restará calidad a los servicios públicos y aumentará el gasto. Las organizaciones sindicales han anunciado que a lo largo de las próximas semanas una “rata privatizadora” acompañará al alcalde en sus apariciones, del mismo modo que el “oso moroso acompañó al anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano para recordarle la deuda “, aseguró Daniel Lobato, secretario de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid.

Sindicatos y grupos de oposición consideran que la política privatizadora de Gallardón no significa mejor gestión ni ahorro a los madrileños, sino al contrario. “El Ayuntamiento construye los polideportivos, los paga y cuando están listos se los entrega a una empresa privada para que los gestione”, asegura Ignacio Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.

En todo el proceso el Ayuntamiento no se ahorra un euro.”Los madrileños tendrán que pagar dos veces por lo mismo, por la subida de tasas que trae aparejada la privatización y los impuestos para pagar a los trabajadores públicos que deberían atender esos puestos”, añade el representante vecinal.

La razón de todo el proceso privatizador hay que buscarla, según Óscar Iglesias, en la necesidad del alcalde de recaudar dinero”. “ Gallardón vino con un discurso de modernización que se ha transformado en una pérdida de calidad de vida para los madrileños”, afirmó el concejal.”Tenemos un alcalde de derechas que sólo quiere privatizar y privatizar para sacar dinero”.

“No entendemos por qué el alcalde cree que las empresas privadas están en mejores recursos que el Ayuntamiento que tiene 25.000 empleados dispuestos a realizar esos servicios y garantizar los derechos de los ciudadanos. Nosotros creemos que es al contrario”, aseguró Ángel Pérez.