Yo también me quito la corbata

Más allá de la polémica suscitada en torno al uso de la corbata, el debate de fondo que subyace es la necesidad de ahorrar energía y de desarrollar fuentes alternativas, subraya el autor. El consumidor, asegura, debe ser responsable y aceptar que el que contamina paga.

El debate que ha suscitado el ministro de Industria respecto al uso de la corbata, y la respuesta tan solidaria del presidente del Congreso, da una idea bastante fiel de la conciencia medioambiental de este país. En un momento como el actual, con una crisis energética aguda y con el enésimo debate sobre el fin del uso de los carburantes fósiles, parece poco edificante que algunos responsables públicos frivolicen con un tema esencial como es el ahorro energético.

Es conocido que desde la revolución industrial, hace más de 200 años, la humanidad depende del petróleo y derivados. La idea de que esto puede cambiar parece muy lejana en el tiempo, y sólo podemos mitigar su uso y su dependencia mediante dos acciones, una, el ahorro energético, como predica el ministro de Industria, y la otra, el desarrollo de energías alternativas que podrían cubrir hasta el 25% del consumo.

Comencemos por el tema del ahorro. Las preguntas que surgen son varias, y algunas son especificas del caso español. En primer lugar, cabe preguntarse si se está cumpliendo el lema esencial en estos casos, que es que quien contamina paga. Si tenemos en cuenta este principio, habrá que analizar si en España, a diferencia de otros países, el que utiliza de forma más intensa el vehículo privado paga más que el que lo deja en casa y prefiere utilizar el transporte público (como el ministro de Industria).

La respuesta es que no. Pongamos el ejemplo de la ciudad de Madrid. Los últimos datos muestran que en el año 2007 se produjo un incremento del 3,5% en el número de desplazamientos por la ciudad. De este incremento, 2% lo aportó el vehículo privado y sólo un 1,5% el transporte público. Esta distribución responde, curiosamente, a una doble política que ha sido la de invertir mucho dinero en transporte subterráneo, el metro, pero también en facilitar y potenciar el uso del transporte privado con las obras de la M-30 y con el desarrollo de un modelo de ciudad dispersa.

Las distintas opciones llevadas en otros países han ido en los últimos tiempos a penalizar económicamente el uso del transporte privado. Ejemplos como Londres, Oslo, Bolonia o Helsinki muestran que existen alternativas a las políticas que se han llevado a cabo en nuestro país. El debate sobre peajes sí o peajes no, siempre choca con el apriorismo que parece una medida regresiva. Sin embargo, existe otra aproximación más interesante y es si el coste económico de la congestión es lineal para todos los consumidores.

El segundo tema recurrente es el del transporte de mercancías por carretera. En este punto, como en otros aspectos relacionados con la energía, somos un país poco desarrollado pues tenemos una de las mayores flotas de camiones y el menor desarrollo del transporte ferroviario y fluvial. Las ingentes inversiones ferroviarias se están centrando en pasajeros y poco en mercancías (siempre en términos relativos) y sólo recientemente FEVE ha empezado a pensar en un proyecto para nutrir de ciertas materias primas, como la paja, a las poblaciones del norte del país. Esto también revela que falta, en muchos casos, capital humano con talento suficiente para poder cambiar con valentía un retraso heredado y vencer a los lobbies de presión.

Uniendo ambos análisis, llegamos a la conclusión de que la economía española tiene dos problemas complejos y únicos. Por un lado, una dependencia energética mayor que muchos de nuestros socios, y otra, una elasticidad demanda-precio de los productos energéticos también superior, lo que nos hace transferir aún más renta a los países productores en épocas de gran inflación de precios como la actual. Falta, por tanto, cierta valentía política para que de verdad quien contamine más pague más, y aquí el Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de cómo disfrazar una supuesta apuesta por el transporte público mediante la potenciación del transporte privado. Sólo hay que comparar el volumen de inversiones. Finalmente, en el campo de la tarifa eléctrica, sólo cabe felicitar a quien, por primera vez, diseña un esquema que prima el ahorro.

Por último, en el campo de las energías renovables hay que seguir incidiendo en el desarrollo de todas aquellas que puedan mitigar el consumo y la dependencia del petróleo. Abandonado a su suerte el proyecto de la fusión nuclear, el biocombustible, la energía solar y otras deben ser el soporte para que el consumidor pueda concienciarse de la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Sin embargo, al margen del transporte, hay otras formas de contaminación que no salen comúnmente en prensa. Hay que saber que el sector de las tecnologías de la información también afecta al cambio climático. En 2007, este sector vertió a la atmósfera 830 millones de toneladas de CO2, casi el 2% del total de emisiones del conjunto del planeta. Queda por tanto, también, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información limpias.

En resumen, cuando desde el sector público nos instan al ahorro no debemos mofarnos de dichos consejos. El consumidor debe ser responsable y debe aceptar que el que contamina paga. Seamos serios porque esto no es una broma, quitémonos la corbata y ahorremos energía.

Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid