David Lucas: "El ayuntamiento ha perdido más de 72 millones de euros y ha podido dar trato de favor a la empresa adjudicataria"

El grupo municipal socialista ha pedido la anulación del contrato de los chirimbolos adjudicado a la UTE Clear Channel-Cemusa, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación efectuada esta mañana. "Se ha hecho un contrato por diez años y un importe de 160 millones de euros que, además de estar lleno de irregularidades y de haber podido favorecer a la empresa adjudicataria sobre el resto de las que se presentaron al concurso, ha hecho perder 72.559.285 euros al Ayuntamiento", afirma el portavoz del PSOE, David Lucas, quien advirtió que su grupo llevaría este contrato al Tribunal de Cuentas, si el Gobierno de Gallardón no lo anula, con el fin de que éste depure responsabilidades.

Entiende Lucas que "la acumulación de irregularidades y los indicios de trato de favor a la empresa adjudicataria son tan graves que podemos estar ante una situación de nulidad del contrato". El grupo municipal socialista, en la Comisión de Vigilancia, ha recordado que Medio Ambiente rompió los principios de transparencia e igualdad entre los licitadores, cuando convocó y adjudicó los chirimbolos a una empresa en la que trabajó el hijo del Jefe del Departamento de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento, que fue el funcionario que diseñó el pliego de condiciones y firmó el informe técnico de adjudicación.

Este contrato vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que ha existido una clara situación de restricción del derecho a la libre competencia de las empresas litigantes, así como un gravísimo perjuicio económico para el Ayuntamiento.

"Creemos que es un contrato nulo de pleno derecho y así lo manifestaremos ante el Tribunal de Cuentas", asegura Lucas, quien destaca entre las irregularidades que "se convocó sin definir su objeto ni la cuantía exacta, dejando a la adjudicataria decidir cuántos soportes publicitarios se iban a instalar, dónde y por cuánto tiempo, cosas contrarias a la Ley". Además, el contrato sólo se publicó en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, cuando la normativa obliga a hacerlo también en el BOE y en el Diario de las Comunidades Europeas. Que fuera Medio Ambiente quien adjudicara es otra irregularidad, puesto que para negocios de más de 1.500.000 euros, es la Junta de Gobierno quien debe autorizarlos.

El portavoz socialista destaca que "el tamaño de los chirimbolos supera hasta en un 300% el máximo permitido por la Ordenanza de Mobiliario Urbano" y que se estableció un sistema de valoración que no tuvo suficientemente en cuenta la mejor oferta económica y que no valoró el impacto ambiental y paisajístico de los chirimbolos.

El Grupo Municipal Socialista considera absolutamente insuficientes las explicaciones ofrecidas en su comparecencia por el Jefe del Departamento de Conservación y Rehabilitación de Mobiliario Urbano, José Fernández-Villa, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, quien no ha sabido dar una argumentación coherente sobre por qué su Departamento permitió a Clear Channel explotar más de 200 vallas publicitarias más de un año después de la finalización de su contrato, cuando éste no admitía prórrogas y estando su hijo trabajando en esta empresa.