Zerolo denuncia la desaparición de 10.000 informes de dependencia y la "complicidad" del PP en el bloqueo de la ley

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo denunció hoy los "más de 10.000" informes de valoración de la dependencia de ciudadanos de la capital que han "desaparecido, se han perdido o que no han llegado" al Gobierno regional, motivo por el que criticó la "complicidad" entre Consistorio y Comunidad en el "boicoteo" de la ley.

Las críticas del socialista se produjeron después de que la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, confirmara hoy en la comisión del ramo que, a fecha de 11 de noviembre, el número de solicitudes de valoración recibidas en el Ayuntamiento era de 58.651, de las que 55.919, esto es, más del 95 por ciento, "ya han sido remitidas a la Comunidad de Madrid", con sus corresponientes informes sociales de entorno.

Para Zerolo, esta cifra no es más que "escándalo" ya que el propio Ejecutivo autonómico reconoció el pasado 1 de noviembre, haber recibido 44.481 informes de valoración, supuestamente de los 179 municipios que integran la región.

El socialista calculó que más o menos la mitad de los informes de valoración podrían proceder de la capital, por lo que "a día de hoy se podría hablar de la desaparición de casi 20.000 expedientes de familias madrileñas que no han llegado a donde deberían llegar".

"Ustedes creen que el Ayuntamiento es un buzón y no tiene competncia alguna, que sólo las tiene la Comunidad pero, si no tienen más, pídanlas", reclamó el edil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara un artículo de la Orden del 17 de diciembre.

En definitiva, y siempre según los socialistas, lo que el TSJM dice es que todas las personas que han solicitado el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y que no han recibido respuesta en seis meses tienen derecho a ser atendidos. Para Zerolo el hecho de que la Comunidad no haya recurrido implica el reconocimiento de que habían legislado "de manera inadecuada", algo que tratan de enmendar ahora con una ley que incluye el silencio administrativo negativo.